lunes, 4 de octubre de 2010

Inmigrantes atadas al maltratador

Público, 2010-10-04

“Por este motivo, muchas se muestran reacias”, denuncia Vladimir Paspuel, presidente de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui. No obstante, la expulsión se paraliza hasta que haya una sentencia firme del juez, según el Artículo 31 de la Ley de Extranjería. Si no se logra demostrar el maltrato, se la expulsará.

El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, defiende que en 2010 no se ha expulsado a ninguna sin papeles que haya acudido a comisaría por este motivo. Pero aunque no se haga efectivo, “la ley recoge la posibilidad de la expulsión y eso les aterra”, incide Paspuel.

La nueva normativa de Extranjería aunó en diciembre de 2009 las leyes, directivas y resoluciones aprobadas al respecto en los últimos años. Pese al polémico cabo suelto de las no regularizadas, las normas han aumentado la protección a las víctimas (permisos de residencia independientes del maltratador, órdenes de alejamiento, acceso a casas de protección…).

No obstante, Lorente resta importancia a la procedencia de los agresores y se centra en la edad de los inmigrantes que viven en España. Para él, es el indicador más importante. Gran parte de las discusiones de pareja y casos de violencia de género los protagonizan personas de entre 21 y 50 años. El 46% de la población está en este tramo. “Entre la colonia inmigrante es aún mayor: el 64%. Y esto les hace ser más propensos”, asegura.

Por otra parte, las sentencias tienen mayores consecuencias para los extranjeros que para los nacionales, porque suelen impedir la renovación de sus permisos de residencia.